El Observatorio de Derechos Humanos, Prisión y Salud Mental denuncia el maltrato institucional a las personas con problemas de salud mental en las prisiones
El informe, presentado en la Facultad de Derecho de la UV revela que las prisiones valencianas no cuentan con recursos para atender a los reclusos enfermos.
El Observatorio de Derechos Humanos, Prisión y Salud mental (ODPS), integrado dentro de la asociación Àmbit ha presentado esta mañana el informe que evalúa la situación de las prisiones valencianas en materia de calidad de atención a la salud mental. Las conclusiones son desoladoras. El documento repasa la realidad de las prisiones valencianas, que no cuentan con recursos para atender a las personas privadas de libertad y con problemas de salud mental, que ven sus derechos continuamente vulnerados.
El acto, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universitat de València (UV) ha contado con la presencia del decano de la facultad, Javier Palao Gil y la directora de Máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible, Encarnación Fernández Ruiz-Gálvez. Además, Javier de Lucas, Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía política y senador ha compartido con los presentes una ponencia sobre los «derechos de las personas privadas de libertad».
En el encuentro se han hecho públicas las principales conclusiones que se extraen del informe redactado por el equipo investigador. En representación asistieron Javier Vilalta, Coordinador del Observatorio y Aurora Fernández y Carla Mateo, investigadoras del estudio.
La realidad. Primero se pusieron sobre la mesa las realidades en el ámbito penitenciario. De los centros penitenciarios de la Comunitat Valenciana (Castellón, Castellón – Albocasser y Picassent), y según datos de 2021, ninguno cuenta con un médico especialista en psiquiatría para dar servicio a los presos que lo necesitan. Que en el caso de la Comunitat Valenciana, son un alto porcentaje de las personas. De hecho, según muestra el informe, “la adicción a las drogas es en muchas ocasiones el resultado de problemas en prisiones y que en algunas ocasiones puede ir conectado a padecer un trastorno mental”. Los datos ilustran que el 65 % de la población penitenciaria tiene problemas de adicción y el 40 % tiene problemas de salud mental.
Esta coyuntura se suma a la falta de recursos de personal médico, la nula coordinación, la falta de protocolos de crisis e informatización de los historiales médicos, lo que dificulta el tratamiento. «El 65 % de la población penitenciaria recibe tratamiento psiquiátrico, y nos encontramos con la sobremedicación de la población penitenciaria sin un control efectivo por parte de unidades de salud mental o psiquiatras que supervisen la medicación, lo que contrasta con la imposibilidad de Valoración de la dependencia o discapacidad y así poder derivar al exterior», apuntan en el informe.
En la otra cara de la moneda, en la Asociación Ámbit durante el periodo 2020 se demuestra que, por medio de un tratamiento y seguimiento personalizado, cubriendo necesidades básicas y por medio de viviendas tuteladas, se obtiene un resultado del 97 % de no reincidencia, con esto se evita la teoría del efecto de “puerta rotatoria”.
Por eso no todo son sombras en el documento presentado ayer, al contrario. Ilustran la luz al final del túnel con una serie de propuestas y recomendaciones para frenar el «maltrato institucional» que sufren las personas privadas de libertad y que además tienen problemas de salud mental.
Corresponsabilidad y coordinación de administraciones, prevención, evitar el desarraigo a través del mantenimiento de las personas en su entorno, son algunas de ellas. Esta última se refiere a centros como el planteado para Siete Aguas, un psiquiátrico penitenciario que, entre otros muchos factores, alejaría a las personas enfermas de su entorno y de desarrollar su propia autonomía.
Además, el informe apunta a la necesidad de destinar recursos públicos para evitar el ingreso en prisión por falta de medidas alternativas a través de personal médico especializado en salud mental, así como la importancia de que la Generalitat asuma las competencias en sanidad penitenciaria pues, «la no transferencia a la CV de las competencias en materia de salud penitenciaria y la no inclusión de esta en la sanidad publica provocan una completa desatención de las personas con salud mental en las prisiones, y la imposibilidad de conformar un equipo multidisciplinar dentro de las mismas». A propósito de esta exigencia, el pasado mayo, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se reunió con la plataforma Salud mental fuera de las prisiones y decidió esforzarse en acelerar esa transferencia.
El siguiente paso, apunta Javier Vilalta, es llevar este informe a las principales instituciones de derechos humanos: Administración General del Estado, la Administración Autonómica, al Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo, Consejo de Europa y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la protección de las personas con discapacidad y para velar que se corrijan las carencias del sistema.
«Queremos entender que la carencia de recursos sanitarios, la falta de atención primaria en las prisiones valencianas desde hace años es debido a una falta de comunicación, consciencia y contacto con la realidad, de lo contrario estaríamos hablando de unas acciones conscientes que causan perjuicio real a las personas judicializadas con problemas de salud mental», concluyen.
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