Observatorio DDHH y Salud Mental

El Observatorio de Derechos Humanos y Salud Mental en Prisión (ODSP) nace de la necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre el derecho de las personas judicializadas en la Comunitat Valenciana a la atención sanitaria en materia de salud mental, garantizando la igualdad de trato y no discriminación de este colectivo. Consideramos que este es un elemento fundamental para garantizar una sociedad democrática real.

Dentro del programa ODSP hemos pretendido:

– Formar a los agentes implicados en reinserción, recuperación y dignidad a la población que sufre problemas de salud mental.

– Visibilizar para que esté en la agenda política, prevención de la judicialización.

– Asesorar en materia de derechos a las valencianas, valencianos, personas migrantes que residen en nuestra Comunitat con el fin de prevenir lo que acontece en las prisiones de la Comunitat y los CIE.

– Recordar que la atención sanitaria pública valenciana debe garantizar la atención en las prisiones al ser una competencia autonómica no ejercida.

– Asesorar a las personas mediante apoyo psicológico, legal, social y presentar denuncias para evitar las situación de discriminación con las personas judicializadas absueltas declaradas inimputables que acaban en prisión sin atención sanitaria digna.

En 2019 creamos el observatorio de derechos humanos, salud mental y prisión formado por Instituto de Derechos Humanos, Servicio Jesuita Migrante, ICAV, Coordinadora de entidades del entorno penitenciario de la Comunitat Valenciana y la Asociación Española de Neuropsiquiatria, publicando el primer informe en julio de 2021.

ODSP reivindica la necesaria presencia de psiquiatras y psicólogos clínicos dentro de las prisiones y los CIE para poder dar una atención específica y completa a las personas con TMG y problemas de salud mental que se encuentran internadas en los mismos. Es preocupante la disminución y el envejecimiento de estos profesionales dentro de la prisión y la ausencia de los mismos en los CIE, ya que las condiciones de trabajo son mucho peores que las de los compañeros de la sanidad pública, tanto en cuestiones relacionadas con el salario como con los recursos materiales y personales.

En relación con esto último, es necesario que la sanidad de las prisiones y de los CIE esté incluida dentro de la sanidad pública (tal como obliga la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud), que establece que es competencia de la Comunitat Valenciana. Según manifiestan las personas profesionales, los trámites burocráticos, al ser una cuestión del gobierno central, entorpecen y ralentizan las actuaciones. Además, el hecho de que no esté incluida en la sanidad pública hace que muchos tratamientos sean interrumpidos al no haber comunicación entre la sanidad pública y la sanidad de las prisiones y los CIE, haciendo que la transparencia en cuando a la atención ofrecida sea menor, sin que se haya aplicado lo que constituye una clara discriminación a esta parte de la ciudadanía.